Tania Libertad Camal-Cheluja y Jaime Ortegón Aguilar
La autonomía universitaria se ha interpretado como la mayoría de edad de una institución educativa. Como una condición que expresa la madurez de una entidad educativa para autogobernarse, expedir sus normas, crear sus planes de estudio y, en general, conducir su destino sin la intervención de intereses ajenos a la comunidad universitaria.
El reconocimiento de la autonomía universitaria frecuentemente viene aparejado con expectativas sobre la fuente de ingresos que tendrán las nóveles instituciones autónomas. Sin embargo, al mantener su estatus de instituciones públicas proveedoras de servicios educativos, su financiamiento estatal y federal está asegurado en México. Incluso la progresividad de los derechos humanos obliga al Estado Mexicano a no reducir el presupuesto asignado a una entidad que se encarga de brindar un derecho humano, y a contar con políticas públicas que permitan la expansión y cobertura del derecho de acceso a la educación.
Los procesos de autonomía universitaria pueden seguir diversas rutas para materializar esta condición. A veces son impulsados desde abajo, por parte de sectores de la comunidad universitaria o de la sociedad civil. En otras ocurren desde arriba, a través de un acuerdo entre grupos político-gubernamentales, o bien, por iniciativa de alguno de estos actores.
Autonomía de la UQROO
En el caso de la autonomía de la Universidad de Quintana Roo, esta fue aprobada el pasado 16 de marzo de 2022 por parte del pleno del Congreso del Estado y publicada en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el 24 de marzo. La iniciativa de reforma fue presentada en noviembre de 2021 por el gobernador del estado, y se centró en la redefinición del proceso de selección de la persona al frente de la rectoría para alcanzar el autogobierno. Dentro de las principales innovaciones destaca la reconfiguración de algunas instancias como la Junta Directiva y el Patronato, así como la constitución de un Consejo Social, sobre todo modificando su composición para reducir la presencia de actores gubernamentales y vincular a la universidad con la sociedad. De esta manera, Quintana Roo dejó de ser la única entidad del país sin una universidad autónoma.
La respuesta de la sociedad frente a la autonomía de la Universidad de Quintana Roo ha sido tibia. La emoción festiva no ha estado a la altura de la etapa que se inaugura para esta institución, salvo por algunos discursos emotivos por parte de miembros de la XVI Legislatura, algunas declaraciones por parte de funcionarios universitarios y sindicales, pero prevalece en algunos la percepción de que la autonomía ha sido un acuerdo entre élites, que ha dejado de lado a la comunidad universitaria, que es una ocurrencia de fin de sexenio, aunque esto no sea así, como se verá enseguida.
Existen antecedentes de 2017 de iniciativas ciudadanas de reforma para la autonomía de la Universidad de Quintana Roo por parte de egresados de esta máxima casa de estudios. Sin embargo, fueron ignorados en el congreso local, aunque tuvieron buena acogida en las redes sociales y medios de comunicación de circulación local.